Bitácora de la asignatura Derecho Civil

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Práctica virtual Noviembre 2007 (Grupo de Tarde)

PONENTE: Roberto Ramos Pérez

En la sentencia de divorcio de Penélope y Tomás, entre otros extremos, se establece que, confiada la guarda de sus tres hijos menores de edad (17, 15, y 13) a Penélope, Tomás debe pagar una pensión alimenticia a éstos. Su cuantía se fija en 240 euros por cada hijo menor, suma que se reducirá por terceras partes cuando los hijos vayan alcanzando la mayoría de edad y se incrementará a partir del 1 de enero del año siguiente, anualmente, en cuantía proporcional al aumento del índice de nivel de vida en Guipúzcoa y en el 10 % de los ingresos de Tomas en el caso de que los hijos pierdan el uso de la vivienda hoy conyugal. Tomás apela dicha sentencia considerando excesiva la cantidad fijada.

El Código civil establece la obligación de dar alimentos, sobre todo haremos referencia al caso de que se produzca la ruptura del vínculo matrimonial a través del divorcio o de la separación, siendo el Código Civil prevé que en estos casos será el juez el que determine la contribución de cada cónyuge para satisfacer los alimentos, así lo determina el artículo 93 del Código Civil, esto se corresponde con la obligación que tienen los progenitores de dar alimento, entendiendo por este como se expresa el artículo 142 CC, se entiende por alimentos todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica, correspondiéndose con el artículo 143 en el que se obligan a darse alimento recíprocamente las ascendientes y descendientes.
Atendiendo al supuesto debemos decir que la obligación de alimentos será exigible desde que los necesitare, para subsistir, la persona que tiene derecho a percibirlos, no se abonarán sino desde la fecha en que se interponga la demanda, art. 148 CC.
Otro punto relevante es el art.146. del Código civil que expresa el fundamento de la obligación de alimentos que no es otra sino la existencia de una situación de necesidad por parte del alimentista el citado precepto dice que la cuantía de los alimentos será proporcionada al caudal o medios de quien los da y a las necesidades de quien los recibe, todo esto hay que relacionarlo directamente con el artículo 152 que hace referencia a la extinción, por un lado en el supuesto segundo cuando se produce una pérdida de la fortuna del alimentante, es decir, que se procederá a extinguir la obligación de alimentos cuando el que estando obligado a darlo sufre alguna circunstancia que le limita a cumplir la prestación a la cual está obligado eso sí haciendo una interpretación a censo contrario de sentencia como la de 24 de noviembre de 1920 en la que se dice que la obligación de trabajar del alimentante puede servir para legitimar la negativa a prestar alimentos de un obligado de rango ulterior, es decir, si el obligado a prestar alimento pudiendo trabajar no lo hace por causa a él imputable no se le admite como causa, bajo mi parecer la contenida en el artículo 152.2 del código civil debido a que la reducción de su fortuna es voluntaria para no hacer efectivo el pago del tal prestación.
Por otro también conectamos al 146 con el apartado 3 del 152 del CC, ya que prevé la extinción del deber de alimentos cuando el beneficiario, o mejor dicho el alimentante realiza una actividad laboral aquí desechamos la teoría jurisprudencial d la capacidad objetiva para el trabajo, es decir, se podrá considerar extinguida la obligación no cuando el alimentista efectivamente trabaje sino con la posibilidad de poder hacerlo, que da con ello también rechazado la situación de que cuando el alimentista cumpla la mayoría de edad se vea privado de los alimentos del progenitor, por tanto la mayoría de edad y la potencialidad laboral no implican la extinción de la pensión, no obstante con expresan sentencias como la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona 134/2006 de 6 de marzo JUR 20063033 es de reseñar que el hijo del matrimonio José, que ya tiene dieciocho años de edad, si bien dejó sus estudios en diciembre de 2004, y ha accedido al mercado laboral, tal acceso tiene un carácter no permanente ni estable, al tratarse de un mero contrato para la formación de seis meses de duración, en función de aprendiz en el ramo de la fontanería, con seis horas de formación técnica que representa un 40 % de la jornada máxima prevista en el Convenio, percibiendo una retribución de 480 euros mensuales.
Si bien se ha de tener en cuenta las circunstancias laborales del citado descendiente, no puede considerarse que el acceso al mercado laboral, en tal forma, presente la suficiente entidad y estabilidad para determinar el cese de la prestación alimenticia que percibe desde la causa de la separación matrimonial, aunque si procede su disminución.

Si supone una modificación de las medidas reflejadas en la sentencia de separación o de divorcio el hecho de que el alimentista trabaje atendiendo caso por caso al tipo de trabajo y su duración hasta el punto de llegar a extinguir la prestación al alimentista.

En cuanto a nuestro caso otro de los puntos relevantes es la cuantía de la prestación la cual será proporcional al caudal o medios de quien los da a las necesidades de quien los recibe.
A parte de todo esto el caso concreto hace alusión a que el obligado a presta alimentos le parece elevado el importe de la deuda, a tal efecto podemos citar a modo de ejemplo práctico al caso concreto y sabiendo que la pensión alimenticia dependerá de la capacidad económica de quien esté obligado a prestarla siendo valorado libremente por el juez, añadiré una tabla referente a un artículo del diario El País destacando el estudio efectuado por un secretario del Juzgado de primera instancia de Málaga relativo a las pensiones alimentarias a favor de hijos que distintas Audiencias Provinciales viene aplicando en caso de ruptura matrimonial.

Pensión orientativa a favor de hijos cuando él cónyuge que obtiene la custodia no recibe otros ingresos. Revalorizable conforme al IPC


Ingresos del pagador 1 hijo (¤) 2 hijos (¤) 3 hijos (¤)
721 euros 167 217 251
1082 euros 251 326 376
1563 euros 362 471 543
1803 euros 418 543 627
2103 euros 488 634 732

Teniendo en cuenta esto vemos como en nuestro caso se establece una cuantía total atendiendo a los tres hijos de 720 ¤ por ello aducimos que los ingresos del obligado al pago serán bastante altos, en base a la regla de la proporcionalidad del artículo 146 del CC. Esta tabla es a modo de orientación no supone una obligación total a seguir, pero como vemos la cuantía estimada al caso coincide mas o menos con la tabla expuesta, suponiendo que la madre, Doña Penélope no trabaje, siendo que si esta lo hiciera la pensión para cada hijo será diferente, viéndose reducida por tal circunstancia.

Además cabe recordar que los alimentos se reducirán o ampliarán proporcionalmente a las necesidades del alimentista como ya se dijo con anterioridad habrá referencia a la activada laboral del alimentista. La jurisprudencia del tribunal supremo ha estimado que supone aumento de las necesidades del alimentista la pérdida de valor adquisitivo de la pensión por efecto de la inflación, pues aquel debe dejar de satisfacer parte de sus necesidades si tal pensión se mantuviera constante Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de febrero de1976 RJ 1976/617 La devaluación del poder adquisitivo de la moneda, como consecuencia de la inflación del coste de la vida, sobrevenida desde el año 1962 al 1973, no puede menos de ser incluida entre las causas que deben tenerse en cuenta por los Tribunales para producir la elevación de las pensiones a que se refiere el artículo 147 del CC, porque, al indicarse en éste que tal hecho dependerá del «aumento que sufran las necesidades del alimentista», no es posible interpretar la frase entrecomillada en un sentido literal y estricto, sino también en relación con sus antecedentes históricos y legislativos y realidad del tiempo en que el precepto ha de ser aplicado, con atención especial a su espíritu y finalidad, y siendo ello así es evidente, que, al consistir la deuda alimenticia en lo que sea indispensable para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica, de la persona que deba percibirla, en atención al rango y posición social de la familia la «ratio legis» del art. 147 no se cumpliría de no actualizarse el «quantum» de la pensión en armonía con la erosión que el dinero hubiera sufrido, puesto que de otra forma, se obligaría al alimentista a disminuir, reducir o dejar de atender alguna de ellas, rebajando su condición social, sobre todo cuando la materia objeto de este estudio no debe ser interpretada restrictivamente.
Por tanto se pone de manifiesto la actualización de la pensión no solo por el cambio de las circunstancias del alimentista o del alimentante sino también de las fluctuaciones económicas referentes a índices económicos como puede ser el IPC o incluso el coste de la vida que económicamente se estima.

En conclusión se admite a la autoridad judicial fijar una pensión que puede incluir cláusulas de actualización, hay que decir para terminar que el obligado no debe una suma de dinero fija sino un equivalente a lo que importa cubrir las necesidades del alimentista así lo expresa la Sentencia del Tribunal Supremo 9 de octubre de 1983 RJ 1983/5956 la cuantía de los alimentos tiene que ser proporcionada al caudal y medios de quien los da y a las necesidades de quien los recibe; normativa que no suscita ningún problema teórico de interpretación y alcance, sino que implica solamente una cuestión de hecho, consistente en determinar de una manera efectiva y real esa proporcionalidad con los medios de uno y las necesidades de otro, para la fijación y para el aumento o disminución de la pensión alimenticia; con la evidente repercusión que, sobre todo para lo segundo, tiene la actual crisis económica, con la devaluación monetaria y consiguiente aumento del coste de la vida. Determinando por tanto que la deuda alimenticia no es una suma de dinero sino mas bien una deuda de valor.

Material utilizado:

Bibliografía:

Elementos de derecho civil IV. Familia. Lacruz Berdejo. Editorial Dykinson.
Sistemas de derecho civil volumen IV. Luis Díez Picazo y Antonio Gullón.
El abogado al alcance de todos. María José Jimenez. Editorial Libsa.

Jurisprudencia:

RJ 1976/617
RJ 1983/5956
JUR 20063033

2007-12-05 01:49 | Categoría: | 0 Comentarios | Enlace

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