Bitácora de la asignatura Derecho Civil

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Práctica virtual Noviembre 2007 (Grupo de Mañana)

PONENTES: Grupo IV del Proyecto ECTS (Derecho Civil)

Noviembre.- Sascha (estudiante de Filosofía) y Nicole (psicóloga, inscrita en el paro) -hermanos- reclaman alimentos a sus padres Mónica y Klaus. Ambos conviven con su madre, dado que los cónyuges están separados. El Juez de Primera Instancia desestima la demanda. La Audiencia condena a Klaus al pago de una pensión a su hijo y otra, de distinta cuantía, a su hija, absolviendo a Mónica. Klaus interpone recurso de casación alegando que la convivencia con la madre conlleva ya “los auxilios necesarios para la subsistencia de los hijos” y que ambos se encuentran en situación de poder ejercer un oficio o profesión.


Respecto de quien solicita la pensión alimenticia.

Los hijos pueden pedir la pensión alimenticia y no tiene que ser a través de la madre porque son mayores de edad, por los estudios que realizan, aunque no tengan independencia económica y continúen en el domicilio familiar en compañía de algún progenitor; ya que con la mayoría de edad se adquiere la plena capacidad jurídica (art. 322 CC) y se extingue la patria potestad (art. 169.2 Código Civil).

Aunque Mónica también tendría legitimidad para hacerlo dado que, el propio progenitor que tiene bajo su atención a unos hijos ya mayores de edad y a quienes por tanto asiste, ya que si el hijo carece de ingresos propios, la atención por quien es dispensada es por el progenitor con el que continúa viviendo, lo que constituye causa suficiente para legitimarle en dicha pretensión.
“…pedir alimentos para el hijo mayor de edad que careciendo de ingresos propios vive en el domicilio familiar, y es que estableciendo el art. 93, párr. 2.º del Código Civil que el Juez en la misma resolución, concurriendo aquellos requisitos, fijará los alimentos que sean debidos, no está exigiendo que tal petición la realice el hijo mayor de edad, ajeno al objeto principal del proceso matrimonial (causa de separación, nulidad o divorcio) y si tal obligación legal no se impone, y la situación fáctica de la que se parte en tales supuestos es que uno de los progenitores continúa atendiendo en el domicilio familiar, no obstante la mayoría de edad, a hijos que todavía no tienen ingresos propios, la petición que en tales casos formula dicho progenitor frente al otro para que atienda a dicho hijo, no es tanto una petición por cuenta de otro (del hijo en cuyo caso podría defenderse la falta de legitimación «ad causam») sino una petición del propio progenitor que tiene bajo su atención a un hijo ya mayor de edad y a quien por tanto asiste, para lo que evidentemente se halla legitimado, pues si el hijo carece de ingresos propios, la atención por quien es dispensada es por el progenitor con el que continúa viviendo, lo que constituye causa suficiente para legitimarle en dicha pretensión…” (Sentencia Audiencia Provincial Navarra, de 15 septiembre 1994)
Debe de decirse que en el ámbito civil la Sala 1ª del Tribunal Supremo ha reconocido la legitimación de la madre para reclamar la pensión alimenticia de hijos mayores de edad que convivían en la vivienda familiar a su cargo en el momento de la interposición de una manda de separación conyugal contra su marido en su Sentencia dictada en un recurso de casación interpuesto por el Ministerio Fiscal en interés de la Ley-para unificar la jurisprudencia contradictoria en este tema de las Audiencias Provinciales-, de fecha 24 de abril de 2.000 (RJ 2000\ 3378) núm. 411/2000 Sentencia Audiencia Provincial Barcelona (Sección 8), de 10 septiembre 2001.
A su vez nos encontramos con la Sentencia del Tribunal Supremo de la Sala de lo Civil del año 2000, en la que se defiende la legitimidad por parte de la madre o progenitora para reclamar al otro cónyuge la pensión alimenticia que debe de prestar obligatoriamente a sus hijos ,ya sean menores o mayores de edad. Por tanto el progenitor que de facto está asumiendo la carga familiar que representan los hijos mayores -en la situación determinada- tiene un derecho propio a exigir del otro la contribución que le corresponda en ese régimen de corresponsabilidad impuesto en el art. 93. Además expresamente reconoce a ese progenitor el derecho a demandar al otro progenitor para que abone una contribución para el cuidado y educación de los hijos mayores de edad que no puedan subsistir por sí mismos.
Tribunal Supremo. Sala de lo Civil - 411/2000

“…Esa prestación alimenticia se define en términos generales en el art. 93, párrafo 1º, como contribución de ambos cónyuges, que puede ser acordada convencionalmente en el Convenio regulador (art. 90 C), o fijada en el proceso contencioso matrimonial. Consiguientemente, el progenitor que de facto está asumiendo la carga familiar que representan los hijos mayores -en la situación determinada- tiene un derecho propio a exigir del otro la contribución que le corresponda en ese régimen de corresponsabilidad impuesto en el art. 93. Actúa de iure proprio, si bien interés de los hijos, y en esa calidad o condición recibirá la pensión que administra como mantenedora del hogar familiar en cuyo seno permanecen los hijos mayores. En ese sentido, son equiparables los alimentos que se señalan para los menores que los que fijan para los mayores a cargo. Si
la reclamación para los primeros no se hace separadamente en el proceso por alimentos sino como derecho a exigir del otro progenitor su aportación o contribución a una obligación directamente derivada de la patria potestad, la reclamación para los segundos debe seguir el mismo régimen procesal conforme a la razón finalística a que obedece el precepto. El progenitor a cargo ejercita una acción en interés propio, pero en beneficio de los hijos, no actúa como gestor de negocios ajenos, ni precisa autorización o apoderamiento, de hecho subyacente por la circunstancia de la permanencia voluntaria del hijo mayor en el hogar familiar.
Configurados los alimentos como contribución a establecer en el proceso matrimonial, en definitiva como una carga familiar que debe ser repartida entre ambos cónyuges, el progenitor a cargo ejercita una acción propia, aunque de ella derive el beneficio para los hijos. Así entendido el art. 93, párrafo 2º, se respeta el carácter personalísimo de los procesos matrimoniales regulados en la ley 30/1981, caracterizado por la ausencia de publicidad y la limitación de la legitimación activa y pasiva a los cónyuge. Introducir a terceros, condición que tendrían los hijos, como señaló el Tribunal Constitucional (ATC 177/1984, de 21 de marzo), no solamente afectaría a la estructura del proceso sino que daría lugar a situaciones procesalmente irregulares, algunas de ellas derivadas del carácter mancomunado de la obligación alimenticia de los padres para son sus hijos, que obligaría a la formulación de una demanda conjunta contra los padres (STS 12 de abril de 1994). La no intervención del hijo, por otra parte solamente posible en tanto asumiese la condición de parte actora, no vulneraría su derecho a la tutela judicial en cuanto que se parte de una situación voluntariamente aceptada, como es el de estar a cargo de su progenitor, que puede abandonar en todo momento, quedando entonces expedita la vía procesal del proceso por alimentos. Por lo expuesto el Fiscal interesa que se admita el presente recurso de casación en interés de la Ley, se le dé su tramitación legal y, en su momento, se dicte sentencia declarando que el cónyuge a cuyo cargo se encuentran hijos mayores de edad por carecer de recursos está legitimado para reclamar a su cónyuge en los procesos matrimoniales regidos por las disposiciones adicionales de la Ley 30/1981 alimentos en concepto de contribución a su sostenimiento"

…Del art.93.2 del Código Civil emerge un indudable interés del cónyuge con quien conviven los hijos mayores de edad necesitados de alimentos a que, en la sentencia que pone fin al proceso matrimonial, se establezca la contribución del otro progenitor a la satisfacción de esas necesidades alimenticias de los hijos.
Por consecuencia de la ruptura matrimonial el núcleo familiar se escinde, surgiendo una o dos familias monoparentales compuestas por cada progenitor y los hijos que con él quedan conviviendo, sean o no mayores de edad; en esas familias monoparentales, las funciones de dirección y organización de la vida familiar en todos sus aspectos corresponde al progenitor, que si ha de contribuir a satisfacer los alimentos de los hijos mayores de edad que con él conviven, tiene un interés legitimo, jurídicamente digno de protección, a demandar del otro progenitor su contribución a esos alimentos de los hijos mayores.

…De todo lo expuesto se concluye que el cónyuge con el cual conviven hijos mayores de edad que se encuentran en la situación de necesidad a que se refiere el art. 93, párrafo 2º, del Código Civil, se halla legitimado para demandar del otro progenitor la contribución de éste a los alimentos de aquéllos hijos, en los procesos matrimoniales entre los comunes progenitores.”

Respecto a la pensión de los hijos mayores de edad

Según el art. 142 CC los alimentos comprenden también la educación e instrucción del alimentista mientras sea menor de edad y aun después cuando no haya terminado su formación por causa que no le sea imputable. Es por ello que en el caso de Sascha, tiene completo derecho a recibir dicha pensión pues aún continúa estudiando Filosofía. La jurisprudencia viene entendiendo que cuando los hijos mayores de edad aún no tengan medios para sostenerse deberá, sus progenitores seguir pagando sus estudios hasta que esto suceda.
…y si no hubiera hijos menores, la regla del art. 83-2-letra b) del Código de Familia, remite a la circunstancia del cónyuge que tenga más necesidad. Por consiguiente no cabe hacer una interpretación extrapolada de lo que para la prestación alimentaria recoge el art. 93 CC, al tema de la atribución de la vivienda, aunque deba tenerse en cuenta, igualmente, como uno de los datos integrantes del cónyuge más necesitado, aquél, que tiene en su convivencia a hijos mayores que no tienen medios propios de vida Sentencia Audiencia Provincial Barcelona (Sección 12), de 11 octubre 2002

El caso de Nicole, es algo distinto, ya que aunque no está actualmente estudiando, tampoco tiene medios suficientes para subsistir por sí misma. Está inscrita en el paro, lo que supone que tiene la intención de trabajar, por lo que a partir de que tenga ingresos propios no podrá seguir percibiendo pensión alimenticia. Ya que cuando esto ocurra desaparecerá la razón de establecer la misma, así lo viene entendiendo la jurisprudencia. Ya que a cuantía de los alimentos será proporcionada al caudal o medios de quien los da y a las necesidades de quien los recibe (art. 146 CC)

Sentencia Audiencia Provincial Cádiz (Sección 1), de 4 julio 200
“La reforma operada en el artículo 93 del Código Civil por Ley 11/1990, de 15 de octubre (RCL 1990\ 2139), introduciendo un segundo párrafo del siguiente tenor literal: si convivieran en el domicilio familiar hijos mayores de edad o emancipados que carecieran de ingresos propios, el juez, en la resolución, fijará los alimentos que sean debidos conforme a los artículos 142 y ss de este Código, más que solventar los problemas que se planteaban en orden a determinar si el simple hecho de alcanzar la mayoría de edad los hijos habidos en el matrimonio era o no causa de extinción de los alimentos para ellos fijados con cargo a uno u otro cónyuge o no, supuso la creación de graves discrepancias doctrinales y jurisprudenciales en la práctica diaria…
… Los «alimentos» a que se refiere el artículo 93.2 del Código Civil, no son lo contemplados en el artículo 142 y ss. del citado texto legal, sino que es un verdadero derecho del progenitor con el que conviven los hijos del matrimonio, aun siendo éstos mayores de edad, y que por tanto, dándose los requisitos previstos en el ya reiterado artículo 93 el progenitor con el que conviven los hijos mayores de edad asume, tras la ruptura matrimonial, las funciones de organización y dirección de la vida familiar, incluida la alimentación (en sentido amplio) de esos hijos, creando en dicho progenitor una situación de patente necesidad que justifica pueda reclamar del otro progenitor que contribuya a los mismos; lo que implica que el titular del derecho recogido en el ya citado artículo 93 es el progenitor con el que quedan conviviendo los hijos mayores de edad y, por tanto, quien está legitimado para reclamarlos.
Sentada la titularidad y legitimación para exigir estos «alimentos», la cuestión se centra en determinar cuáles son sus requisitos, cuestión que también aclara el Tribunal Supremo en la mencionada resolución partiendo de la base de que estos alimentos no coinciden con los previstos en los artículos 142 y ss del Código Civil, señalando que la remisión a los artículos 142 y ss. (remisión excesivamente amplia si se entiende hecha a todos ellos, pues resulta clara la inaplicación de muchos de esos artículos al caso de que ahora se trata) ha de entenderse hecha a los preceptos que regulan el contenido de la prestación alimenticia, por cuanto los supuestos en que procede acordar e imponer esa obligación en la sentencia que recaiga en los procesos matrimoniales, se establecen en el propio artículo 93 párrafo 2 (convivencia, mayoría de edad y carencia de ingresos propios). En definitiva, una cosa es el contenido de la prestación, para lo cual habrá que acudir a la regulación genérica de los alimentos; y otra cosa muy diferente son los requisitos para que se pueda fijar la contribución señalada en el artículo 93.2 que son: mayoría de edad, convivencia con uno de los progenitores y la carencia de ingresos propios. Concurriendo estos tres requisitos, y siempre lógicamente a petición de parte, habrá de fijarse la contribución, con cargo al otro progenitor, que sea procedente; prestación que, al menos en principio, sólo se extinguirá cuando los requisitos legalmente fijados desaparezcan, esto es: cese de la convivencia o que tengan los hijos ingresos propios. Cuando desaparezca una u otra circunstancia es cuando desaparecerá la causa que motivó la fijación de la medida que hoy se pretende reformar, por lo que, no es tanto la edad (en este caso realmente son 28 y 30 años), sino la carencia de ingresos unido al hecho de convivir aún con el progenitor; pues el eliminar esta contribución supone una agravación de la posición del progenitor con el que aún conviven (y que como se ha señalado, él y no los hijos, es el titular del derecho).”
Hemos de tener en cuanta que esta pensión debe ser siempre adecuada a las circunstancias y condiciones de vida de que disfrutaban los hijos antes de la separación, divorcio, nulidad.
“Las medidas adoptadas como consecuencia de la crisis matrimonial, nulidad, separación o divorcio, tienen un aspecto secundario, contingente, por lo que su validez es “Rebus Sic Stantibus”, lo que significa, que en el momento en que se produzca un cambio importante, sustancial, en la situación existente, la que determinó su primitiva ordenación, aquellas han de ser modificadas, adaptándose a la nueva realidad. Lo dicho guarda relación con la teoría de la “Desaparición de la Base del Negocio”, esto es, la de aquellas circunstancias básicas que fueron tenidas en cuenta al tiempo de la decisión. Ideas, las expuestas, que se reflejan por lo que ahora interesa en los artículos 90,91 “In Fine” del Código Civil, así dice el último de los preceptos citados, “Estas medidas podrán ser modificadas cuando se alteren sustancialmente las circunstancias”, también en el artículo 93 del Código Civil, cuando al tratar de los alimentos a favor de los hijos, indica “su acomodación a las circunstancias económicas y necesidades de los hijos en cada momento”, así como en el 94, del mismo Cuerpo Legal, que al regular el derecho de visitas a favor del progenitor que no tenga consigo a los hijos menores o incapacitados, expresa que: “El Juez podrá limitar o suspender (tal derecho), si se dieren circunstancias que así lo aconsejen o se incumplieren grave o reiteradamente los deberes impuestos por la resolución judicial”, y por lo que atañe a la pensión compensatoria o por desequilibrio económico su condición contingente, se muestra en el articulo 100 del Código Civil, “sólo podrá ser modificada por alteraciones sustanciales en la fortuna de uno u otro cónyuge”, norma que se ha de relacionar con el artículo 101, que expresa: “El derecho a la pensión se extingue por el cese de la causa que la motivó, por contraer el acreedor nuevo matrimonio o por vivir maritalmente con otra persona”; ésta última referencia nos enfrenta con esa modificación de la pensión compensatoria o por desequilibrio económico (artículos 97, 99, 100, y 101 del Código Civil), la que fue otorgada en su día a favor de la esposa del Señor recurrente, cuya disminución en su “quantum” aquí se postula, petición que configura los límites de este recurso de apelación (artículos 457.2 y 465.4 de la NLEC.). Y tal auxilio que responde al principio de disposición de parte, sentencia del TS. de 2 de diciembre de 1987, tiene como base una filosófica muy concreta, que conviene perfilar para evitar confusiones, y que responde a la idea de “desequilibrio económico”, esto es, aquél que se produce para uno de los consortes, el que se reputa acreedor de la pensión, en relación con la posición, también en lo económico, del otro, el que se estima deudor de la misma (la pensión), tras la crisis matrimonial...“ Sentencia Audiencia Provincial Granada núm. 27/2003 (Sección 3), de 13 enero
Es cierto que el régimen jurídico de los alimentos debidos a los hijos mayores de edad o emancipados no coincide totalmente con el relativo a los alimentos debidos a los hijos menores. Este último tiende a que los hijos menores sigan, después del cese de la convivencia de sus progenitores y en la medida de lo posible, disfrutando del mismo nivel de vida que tenían cuando aún no se había producido la ruptura; mientras que el primero, al remitirse el precepto donde se regula al artículo 142 y siguientes del Código Civil, se restringe en su contenido y resultado final a todo lo indispensable para el sustento en sentido estricto, el vestido, la habitación, la sanidad y la educación. No obstante, lo esencial de ambos regímenes es su marcado contenido ético y proyección social, ya que su fundamento está en la necesidad del alimentista y el vínculo familiar existente entre éste y el alimentante, sin olvidar que el legislador ha querido equiparar el tratamiento de ambos, con las diferencias antes marcadas en cuanto a su concreción definitiva, al regularlos expresamente para las procedimientos de separación, nulidad matrimonial y divorcio dentro del citado art. 93 del C. Civil.
Sentencia Audiencia Provincial Las Palmas núm. 425/2006 (Sección 5), de 11 octubre
Es cierto que la pensión alimenticia para hijos mayores de edad se dirige a garantizar, por mor del artículo 142 del Código Civil, las necesidades indispensables para el sustento, habitación, vestido, asistencia médica, formación e instrucción del alimentista, sin embargo, ello no significa que haya de limitarse a lo mínimo indispensable. Una cosa es que se atienda con la pensión de alimentos las necesidades indispensables y otra distinta es que su cuantía sea la mínima indispensable, como sostiene la resolución impugnada. Esta segunda limitación no se infiere del precepto invocado. Así se colige al comparar el artículo 142 con el párrafo segundo del artículo siguiente que, al referirse al contenido del deber de alimentos entre hermanos, lo circunscribe a “los auxilios necesarios para la vida”, expresión que quiere significar lo mínimo de lo mínimo, lo esencial e imprescindible para sobrevivir. De la comparación de ambas expresiones se deduce que cuando el deber alimenticio incumbe a cónyuges entre sí y a ascendientes y descendientes entre sí la cuota alimenticia puede ir más allá de ese mínimo indispensable. Ello es así porque la prestación alimenticia no pueden valorarse aisladamente, sino en relación con el contexto en que se desenvuelven los sujetos intervinientes y, principalmente, atendiendo al nivel de vida que le corresponde al perceptor en relación con la posición económica y el status del obligado a prestarlos o, dicho en otros términos, a mayor status, mayores son las necesidades. En este sentido, el artículo 146 del Código Civil no pone un límite máximo al importe de la obligación alimenticia sino que, en todo caso, lo condiciona al caudal y medios de quien la da y a las necesidades de quien las recibe, sometiéndolo a un criterio cabal de proporcionalidad. (Sentencia Audiencia Provincial Murcia núm. 84/2003 (Sección 1), de 4 marzo)
Por otra parte, es obligación de ambos progenitores el prestar la pensión alimenticia, no obstante, el art. 149 CC dispone que el obligado a prestar alimentos podrá, a su elección, satisfacerlos, o pagando la pensión que se fije, o recibiendo y manteniendo en su propia casa al que tiene derecho a ellos. Esta elección no será posible en cuanto contradiga la situación de convivencia determinada para el alimentista por las normas aplicables o por resolución judicial. También podrá ser rechazada cuando concurra justa causa o perjudique el interés del alimentista menor de edad.
Es por ello, que la obligación recae tanto en Klaus como en Mónica, prueba de ello es la jurisprudencia, Sentencia Audiencia Provincial Pontevedra núm. 21/2006 (Sección 1), de 19 enero y Sentencia Audiencia Provincial Barcelona núm. 152/2005 (Sección 12), de 9 marzo:
“Para el análisis de la cuestión suscitada en relación con la pensión alimenticia fijada en la sentencia recurrida hay que tener presente que la prestación alimenticia a favor de los hijos tiene naturaleza de orden público, pues constituye en el ámbito de las relaciones paterno-filiales uno de los deberes fundamentales de la patria potestad. Desde esta perspectiva, debe recordarse que el artículo 39.3 de la Constitución establece la obligación de los padres de “prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio, durante su minoría de edad y en los demás casos en que legalmente proceda”. En desarrollo de este precepto, el artículo 110 del Código Civil dispone que “el padre y la madre, aunque no ostenten la patria potestad, están obligados a velar por los hijos menores y prestarles alimentos”.
La contribución del progenitor apartado de los hijos a los alimentos ha de fijarse tomando como referencia no solo sus ingresos sino también las efectivas necesidades de los hijos según los usos y las circunstancias de la familia (artículo 1319 y 1362 del Código Civil) y los recursos y disponibilidades del guardador (artículo 93, 145-1 y 1438 del Código Civil), aunque en la contribución de éste haya de computarse la atención de los hijos confiados a su guarda (artículo 103 y 1438 del Código Civil), habiendo añadido la jurisprudencia que las exigencias impuestas por la solidaridad familiar no deben implicar un olvido de las propias necesidades del alimentante determinadas por su personal situación (Sentencias del Tribunal Supremo de 9 de octubre de 1981, 1 de febrero de 1982 o 5 de octubre de 1993)…
… ha de tenerse presente:
a).- Que los alimentos comprenden todo lo que resulte común y ordinariamente necesario para la alimentación, morada, vestido, asistencia médica, educación y formación integral, como cabe inferir de lo establecido por los artículos 142 y 154 del Código Civil.
b).- Que la obligación de prestar alimentos corresponde a ambos progenitores, como claramente se desprende de los artículos 110, 143, 144 y 154 del Código Civil.
c).- Que cada progenitor habrá de contribuir a la prestación alimenticia, en cantidad proporcional a sus respectivos recursos económicos, como se desprende del artículo 145 del Código Civil.
d).- Que en la contribución correspondiente al progenitor que ostente la guarda y custodia del menor habrá de computarse el trabajo que deba dedicar a su atención y cuidado, según cabe inferir de lo establecido por los artículos 103 y 1438 del Código Civil.
e).- Que la cuantía de los alimentos ha de ser proporcionada a los ingresos, recursos y disponibilidades económicas de los obligados a darlos y a las efectivas necesidades de los hijos, según los usos y las circunstancias de la familia, como cabe inferir de lo establecido por los artículos 93, 145, 146, 1319, 1362 y 1438 del Código Civil” Sentencia Audiencia Provincial Pontevedra núm. 21/2006 (Sección 1), de 19 enero.
“…que en todo caso la pensión de alimentos que se solicita (en este caso para una persona mayor de edad) recae sobre los dos progenitores y, en todo caso, ello conllevará ¿un reparto proporcional al caudal respectivo de cada uno de ello,¿’, y habiendo dicho el Tribunal Supremo que “ha de tenerse en cuenta que la obligación alimenticia, se ha de entender como deber impuesto a una o varias personas, de asegurar la subsistencia de otra o de otras y supone la conjunción de dos partes, una acreedora, que tiene derecho a exigir y recibir los alimentos y la otra, deudora, que tiene el deber moral y legal de prestarlos, con la particularidad de que el primero, ha de reunir, hipotéticamente, la condición, de necesitado y el segundo, poseer medios y bienes aptos para atender la deuda…
…Y eso es lo acontecido en el caso presente, donde la demandante reclama de uno solo de sus progenitores, por vía de «alimentos definitivos», pensión encaminada a sufragar, llegada su mayoría de edad, los gastos que originan sus necesidades que incluyen la continuidad de sus estudios universitarios en la proporción que libremente determina del 50%. Sin embargo, la exclusión de la madre de dicha demanda, que dirige al padre no toma en consideración lo que dispone el artículo 145 del Código Civil en su párrafo primero, pues con toda claridad establece que cuando recaiga sobre dos o más personas la obligación de dar alimentos, se repartirá entre ellos el pago de la pensión en cantidad proporcionada a su caudal respectivo. Por ello se hace preciso demandar a todos y cada uno de los obligados, en el caso que examinamos, padre y madre conjuntamente (artículo 144.3. º del Código Civil).
…dispone en el artículo 268.2 que “el deudor o deudora de alimentos puede optar por satisfacer los alimentos acogiendo y manteniendo en su casa a la persona que tiene derecho a recibirlos, salvo que ésta se oponga por una causa razonable o cuando la convivencia sea inviable Sentencia Audiencia Provincial Barcelona núm. 152/2005 (Sección 12), de 9 marzo

Conclusión:
Aunque los hijos sean mayores de edad, si están estudiando tienen derecho a percibir una pensión para continuar con los mismos, siempre que la tardanza en los mismos no sea por causas imputables a ellos.
Si han terminado sus estudios, pero no tienen ingresos propios y viven con alguno de sus progenitores, también tendrán derecho a pensión alimenticia. Sin embargo, esta debe ajustarse a las circunstancias actuales, por lo que será menor que la de Sascha.
En todo caso, es obligación de ambos progenitores prestar la obligación de alimentos, si bien es cierto que esta puede satisfacerse pagando la pensión que se fije, o recibiendo y manteniendo en su propia casa al que tiene derecho a ello. Por lo que, de ningún modo Klaus queda exonerado del pago de la pensión obligatoria de alimentos.

2007-12-19 12:41 | Categoría: | 2 Comentarios | Enlace

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De: JESUS AYALA CARCEDO Fecha: 2008-05-28 18:44


En el estado español, todas las mujeres son seres especiales a los que debe proteger un juez y todos los hijos son seres necesitados de protección a los que debe proteger un juez. Al menos esta es la conclusión que saco de leer este largo estudio jurídico.

El primer aspecto que estimo necesario de reflexión y estudio es el deber y derecho de los hijos de defender sus intereses personales, que en este estudio se les quita. Supongamos que ambos hijos viven con la madre, pero también con la nueva pareja de la madre, y otros hijos comunes de su madre y su nueva pareja, e, incluso, hijos de un matrimonio anterior de su nueva pareja. ¿ Es la madre la que mejor puede y debe defender los intereses personales de esos hijos ?.

Para un caso de nulidad, separación o divorcio, la ley dice que las partes son los esposos, o cónyuges. Bien, pero, ¿ para qué sirve el artículo 150.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil:
“Por disposición del tribunal, también se notificará la pendencia del proceso a las personas que, según los mismos autos, puedan verse afectadas por la sentencia que en su momento se dictare. Esta comunicación se llevará a cabo, con los mismos requisitos, cuando el tribunal advierta indicios de que las partes están utilizando el proceso con fines fraudulentos.”
¿ Cómo puede un juez saber con qué padre se quieren quedar los hijos mayores en caso de nulidad, separación o divorcio de sus padres ?. Me temo que en este país todo se presupone menos la inocencia de los esposos y padres.

Ningún juez presuponga nada, pregunte a cada hijo mayor de edad o emancipado con quien quiere vivir y por qué. Lo contrario es quitarles su legítimo derecho de personalidad.

Cuando en estos últimos tiempos se habla mucho de CUSTODIA COMPARTIDA, ¿ qué mejor que la practiquen y la exijan los hijos mayores o emancipados ?.

La ley contempla incluso que los hijos menores no emancipados no convivan todos con el mismo padre. De esto se habla en el artículo 96 del Código Civil:
“Cuando algunos de los hijos queden en la compañía de uno y los restantes en la del otro, el Juez resolverá lo procedente.”
Me temo que muchos hijos mayores son tratados por los abogados de muchas madres, como que es una cosa muy natural, pero detrás puede estar el quedarse con el domicilio conyugal, al menos temporalmente. Incluso se les puede meter en una pelea que no entienden, pues esto es lo que dice el artículo 105 del Código Civil:
“No incumple el deber de convivencia el cónyuge que sale del domicilio conyugal por una causa razonable y en el plazo de treinta días presenta la demanda o solicitud a que se refieren los artículos anteriores.”
¿ Y si hablamos de los que se contempla en los artículos 81 y 86 del Código Civil ?:
81:
“Se decretará judicialmente la separación, cualquiera que sea la forma de celebración del matrimonio:
1. A petición de ambos cónyuges o de uno con el consentimiento del otro, una vez transcurridos tres meses desde la celebración del matrimonio. A la demanda se acompañará una propuesta de convenio regulador redactada conforme al artículo 90 de este Código.
2. A petición de uno solo de los cónyuges, una vez transcurridos tres meses desde la celebración del matrimonio. No será preciso el transcurso de este plazo para la interposición de la demanda cuando se acredite la existencia de un riesgo para la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o libertad e indemnidad sexual del cónyuge demandante o de los hijos de ambos o de cualquiera de los miembros del matrimonio.
A la demanda se acompañará propuesta fundada de las medidas que hayan de regular los efectos derivados de la separación.”
86:
“Se decretará judicialmente el divorcio, cualquiera que sea la forma de celebración del matrimonio, a petición de uno solo de los cónyuges, de ambos o de uno con el consentimiento del otro, cuando concurran los requisitos y circunstancias exigidos en el artículo 81.”
¿ Coinciden los intereses de los hijos con los de las madres, siempre ?. Veamos lo que dice el artículo 101 del Código Civil:
“El derecho a la pensión no se extingue por el solo hecho de la muerte del deudor. No obstante, los herederos de éste podrán solicitar del Juez la reducción o supresión de aquélla, si el caudal hereditario no pudiera satisfacer las necesidades de la deuda o afectara a sus derechos en la legítima.”
Está claro que una pensión compensatoria beneficia a la madre, pero perjudica los intereses, como herederos, de los hijos respecto a la herencia de su padre.
Dos aspectos se hablan en el artículo 93 del Código Civil:
El primero, la obligación de que el juez determine la contribución de cada padre en cada momento.
El segundo, habla de que en la misma resolución se fijarán la contribución de los hijos mayores de edad o emancipados. Habla del artículo 142 y siguientes del Código Civil.
En la resolución citada, el juez, olvida su deber de indicar lo que debe contribuir el padre, y lo que debe contribuir la madre. El artículo 144.3 del Código Civil de que la reclamación de alimentos cuando proceda y sean dos o más los obligados a prestarlos se hará por el orden siguiente: A los ascendientes, también de grado más próximo.
En el artículo 145 del Código Civil se indica que cuando recaiga sobre dos o más personas la obligación de dar alimentos, se repartirá entre ellas el pago de la pensión en cantidad proporcional a su caudal respectivo.
Esto es lo que dice el artículo 103.3 del Código Civil:
“Se considerará contribución a dichas cargas el trabajo que uno de los cónyuges dedicará a la atención de los hijos comunes sujetos a patria potestad.”
El trabajo que pueda tener una madre con hijos pequeños es compensado por el dinero que pueda aportar el padre. De acuerdo, pero, cuando los hijos tienen ciertas edades, como por ejemplo catorce años, que en el derecho aragonés les permite pedir la emancipación y en el Código Civil se habla de los dieciséis años, mal se puede eximir a una madre de que se indique en sentencia lo que tiene que aportar cuando los hijos están emancipados o son mayores de edad. Dinero constante y sonante, puesto que ya no corresponde trabajo que deben hacer los hijos: ponerse el desayuno, arreglarse la habitación, ayudar a comprar y tareas domésticas, etc.
¿ Para qué vale el artículo 323 del Código Civil ?.:
“El menor emancipado podrá por sí solo comparecer en juicio.”
Si un menor emancipado puede comparecer en juicio, con mayor motivo un mayor de edad.
Mal puedo aceptar las tesis que se vienen contemplando en el estado español. La madre representa a los hijos, sin que tenga que pedir a los hijos permiso. La madre administra los bienes de los hijos mayores. Las cuentas de las madres son embargables, por deudas, impuestos, etc.
Los hijos mayores tienen que pedir la propina a sus mamás, del dinero que dan sus papás. Bochornoso. ¿ Esto es lo que piensan los universitarios españoles ?.
Pero bueno, ¿ no es el divorcio un derecho ?. Menos hablar de crisis matrimoniales, para expulsar a papás del domicilio familiar.
Un juez puede expulsar a un padre del domicilio familiar, pero no puede obligar a una madre a aceptar un trabajo, o a trabajar.
Como conclusión. Nadie quite un solo derecho a los hijos, y siendo mayores, con más motivo.
Venimos de una cultura judicial de confrontación entre esposos y padres, para justificar un derecho. No se quiere reflexionar sobre dos viviendas. Se utilizan los juzgados para expulsar a padres del domicilio familiar, y les importa a todos dos pimientos si duerme en la calle, en un coche o en casa de un familiar. ¿ A los hijos también ?. Derecho del padre a pagar, pero, ¿ el amor filial ?. Por lo visto sobran sentimientos, dinero, puro y duro.
Menos hablar de maltratos, para justificar barbaridades.
Las madres tienen unos derechos, pero los hijos otros distintos. ¿ Aceptaría un juez, sin más, que un hijo mayor represente a la mamá en un juicio ?. Pues si eso lo permite un juez con la madre, no quite nadie el derecho a los hijos.
La madre pone dinero y el padre lo pone también. Y punto.
Hijos mayores, CUSTODIA COMPARTIDA:
Esto es lo que deben hacer hijos como los de este caso. Lo que dice el artículo 149 del Código Civil:
“El obligado a prestar alimentos podrá, a su elección, satisfacerlos, o pagando la pensión que se fije, o recibiendo y manteniendo en su propia casa al que tiene derecho a ellos.”
Hay que empezar a preguntarse con que derecho las resoluciones judiciales pedidas por los padres condicionan la emancipación y mayoría de edad de los hijos.
El no contemplar este extremo es lo que está provocando lo que se dice en la exposición de motivos de la Ley de 8 de julio, por la que se modifican el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de separación y divorcio:
“En el antiguo modelo de la separación-sanción, la culpabilidad del cónyuge justificaba que éste quedase alejado de la prole. Al amparo de la Ley 30/1981, de 7 de julio, de modo objetivamente incomprensible, se ha desarrollado una práctica coherente con el modelo pretérito, que materialmente ha impedido en muchos casos que, tras la separación o el divorcio, los hijos continúen teniendo una relación fluida con ambos progenitores. La consecuencia de esta práctica ha sido que los hijos sufran innecesariamente un perjuicio que puede evitarse.”
Menos crisis que se resuelven en los juzgados, y los hijos tienen no sólo madre, sino también padre. Los alimentos y ayudas, en casa de la madre y en casa del padre. Y punto. ¿ O no debiera ser así ?.
Jesús AYALA CARCEDO, de la ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA SEPARADOS DE BURGOS-A.P.F.S.-BURGOS.
Burgos, 28 de mayo de 2.008.





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De: Jose Manuel Fecha: 2009-05-13 15:48

Hola, quisiera hacer una pregunta, hasta que edad estoy obligado a mantener a un hijo, un hijo que no hace nada por buscar y que nos amenaza de alguna manera diciendo que si encuentra algun trabajo que no va a contribuir en los gastos de la casa, siendo el 3º de 7 hermanos, los otros seis son menores



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