Bitácora de la asignatura Derecho Civil

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Práctica virtual Diciembre 2007 (Grupo de Tarde)

Don Gregorio entabló relaciones con fines matrimoniales con Doña Sara. Durante el noviazgo fingió estar acabando la carrera de medicina para finalmente, en el año 1986, expresó a su novia que ya era médico y que se podían casar, lo que efectivamente ocurrió en agosto de ese mismo año. Poco después del matrimonio, Gregorio confesó a Sara que no era médico y que le había mentido para poder casarse con ella. Sara interpuso demanda de nulidad matrimonial fundada en el error en la cualidad de la persona.

PRIMERO.- Normas aplicables
Las normas que regulan la nulidad matrimonial están contenidas principalmente en nuestro Código Civil en el capítulo VI del título IV de su libro I, y como preceptos de directa aplicación al caso deberemos tener presentes los artículos 73, 74 y 75 y 80, éste último en lo que se dirá hacia el final de este estudio:
Artículo 73. Es nulo cualquiera que sea la forma de su celebración:
1. El matrimonio celebrado sin consentimiento matrimonial.
2. El matrimonio celebrado entre las personas a que se refieren los artículos 46 y 47, salvo los casos de dispensa conforme al artículo 48.
3. El que se contraiga sin la intervención del Juez, Alcalde o funcionario ante quien deba celebrarse, o sin la de los testigos.
4. El celebrado por error en la identidad de la persona del otro contrayente o en aquellas cualidades personales que, por su entidad, hubieren sido determinantes de la prestación del consentimiento.
5. El contraído por coacción o miedo grave.
Artículo 74. La acción para pedir la nulidad del matrimonio corresponde a los cónyuges, al Ministerio Fiscal y a cualquier persona que tenga interés directo y legítimo en ella salvo lo dispuesto en los artículos siguientes.
Artículo 76. En los casos de error, coacción o miedo grave solamente podrá ejercitar la acción de nulidad el cónyuge que hubiera sufrido el vicio.
Caduca la acción y se convalida el matrimonio si los cónyuges hubieran vivido juntos durante un año después de desvanecido el error o de haber cesado la fuerza o la causa del miedo.
Artículo 80. Las resoluciones dictadas por los Tribunales eclesiásticos sobre nulidad de matrimonio canónico o las decisiones pontificias sobre matrimonio rato y no consumado tendrán eficacia en el ordenamiento civil, a solicitud de cualquiera de las partes, si se declaran ajustados al Derecho del Estado en resolución dictada por el Juez civil competente conforme a las condiciones a las que se refiere el artículo 954 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
En cualquier caso como bien apuntan los autores, entre ellos, por ejemplo Lacruz Berdejo, la lista contenida en el artículo 73 no agota los supuestos de nulidad matrimonial, existiendo otras causas como la derivada de la incompetencia del oficiante, juez, alcalde o funcionario (art. 53 CC), ausencia de las formalidades en el matrimonio por poder (art. 55.1 y 2 CC), y alguna otra causa fundada en la trasgresión de lo impuesto en los artículos 52.1, 55, 55.3, ó 78 del CC. En lo que nos interesa a nosotros nos centraremos en las causas enumeradas en el artículo 73 y particularmente la contenida en su número 4º.
SEGUNDO.- Cuestiones preliminares
Antes de entrar en el estudio concreto del caso, en su cuestión de fondo, parece necesario hacer un pequeño comentario de cuestiones siempre imprescindibles para el correcto tratamiento de una cuestión como la que es objeto de estudio, cuestiones como la legitimación tanto activa como pasiva, el plazo de caducidad de la acción pretendida y sus efectos.
Legitimación activa
Partiendo de que la acción que se pretende es la nulidad del matrimonio por error en la cualidad de la persona la legitimación activa corresponde únicamente, a tenor de lo previsto en el artículo 76 del CC, al cónyuge que ha sufrido el vicio, en este caso a doña Sara, mientras que si la causa de nulidad fuera de las contempladas en los números 1, 2 y 3 del artículo 73 también ostentaría legitimación activa no sólo los cónyuges sino el Ministerio fiscal o cualquier persona con interés directo y legítimo, por ejemplo los herederos de uno de los cónyuges fallecido, según previene el artículo 74 del CC.

Legitimación pasiva
La ostenta el titular de la relación jurídica controvertida, que se persona en el proceso como consecuencia de la demanda interpuesta por la actora contra él, es decir, don Gregorio.
Caducidad de la acción y sus efectos
El segundo párrafo del artículo 76 es claro en este sentido y suficientemente explicativo: Caduca la acción y se convalida el matrimonio si los cónyuges hubieran vivido juntos durante un año después de desvanecido el error…. Del tenor literal del supuesto y atendiendo a la expresión “poco después” partiremos que doña Sara interpuso la demanda antes del año a que se refiere el párrafo antes citado del artículo 76 CC, por lo que su acción no ha caducado.
TERCERO.- Cuestión de fondo
Nos limitaremos, para no hacer excesivamente larga la práctica a estudiar la prosperabilidad o no de la pretensión de doña Sara de que se declare el matrimonio nulo en base a que en el momento de contraer matrimonio hubo un error en el consentimiento prestado, error provocado por la conducta del otro contrayente que provocó que creyera que poseía una cualidad sin la cual no hubiera celebrado el matrimonio, en concreto que era médico cuando realmente no lo era. Y también estudiaremos las diferencias entre los procesos civiles y los canónicos y el reconocimiento de estos últimos en el ámbito civil, ya que nos da una solución distinta a la cuestión planteada.
Se ejercita la acción de nulidad de matrimonio civil, al haber sido ésta la forma escogida para la celebración del matrimonio. La nulidad matrimonial civil es la consecuencia jurídica que se producirá cuando en el matrimonio celebrado concurra bien la falta, defecto, inobservancia o irregularidad de alguno de los presupuestos que legalmente se establecen para su celebración. Originariamente, como es de todos sabido, la base doctrinal de la nulidad matrimonial se encuentra en el sistema de la Iglesia Católica, siendo que durante mucho tiempo la legislación canónica, aplicada con exclusividad, marcó las pautas de la normativa matrimonial laica en sus inicios. En la actualidad y tras la reforma introducida por la Ley de 7 de julio de 1981 (RCL 1981, 1700 ; ApNDL 2355), el régimen de la nulidad civil matrimonial se encuentra integrado en los artículos 73 a 80 del Código Civil, sin embargo y como consecuencia de la posibilidad de celebrar matrimonio en forma canónica, entre otras posibilidades, los contrayentes pueden solicitar la nulidad bien por la vía civil, bien acudiendo a los Tribunales eclesiásticos. Pese a que no nos encontremos ante el mencionado supuesto, al haber sido celebrado el matrimonio cuestionado por la vía civil, no obstante, debe señalarse o ponerse de manifiesto que de no haber sido así, esto es, de haber sido celebrado en forma canónica, en este momento nos hallaríamos ante un procedimiento de exequatur, según la doctrina dominante, y como tal procedimiento, el término ajustadas al derecho del estado no implicaría, según una opinión, una revisión del fondo de la resolución canónica.( SAP Málaga 909/01 de 15/02/01 AC 2001/2573)
El matrimonio puede ser concebido como una institución que da lugar a un vínculo jurídico que origina una comunidad de vida en la cual el marido y la mujer han de respetarse y ayudarse mutuamente y actuar en interés de la familia debiendo guardarse fidelidad y prestarse socorro mutuo, teniendo marido y mujer los mismos derechos y deberes). También puede ser concebido como un negocio jurídico complejo regulado por el derecho de familia y en el que el consentimiento cobra especial trascendencia. A tal tesis parece apuntarse el Código Civil (arts. 45, 73.4 y 76), para el que sin duda el consentimiento es el creador del vínculo matrimonial de aquí que tal consentimiento ocupe en el matrimonio la posición central hasta el extremo de que nuestro primer cuerpo legal dice en su art. 45, que no hay matrimonio sin consentimiento matrimonial, con un evidente paralelismo con el art. 1261 del CC conforme al cual tampoco hay contrato sin consentimiento. Si bien la doctrina ha distinguido entre una nulidad radical o inexistencia y una nulidad relativa o anulabilidad, caracterizada por cuanto la primera no admite convalidación expresa o tácita, no se sana por el transcurso del tiempo, y en realidad la institución ni tan siquiera ha surgido a la vida social, en los supuestos de anulabilidad, entre los que figuran los vicios del consentimiento, bien puede hablarse de una nulidad de protección ya que la acción se concede a la persona a quien la ley quiere proteger pues está en juego un interés particular.( SAP BARCELONA DE 19/03/03 AC 2003/1118)
No cualquier error sobre las cualidades personales del otro contrayente es susceptible de ser considerado como una causa de nulidad puesto que además de tener una entidad cualificada -el Código Civil dice "por su entidad"- suficiente para haber determinado el consentimiento; a tal planteamiento responde la Jurisprudencia del Tribunal Supremo cuando analiza el meritado precepto, por ejemplo en las sentencias de 11 de julio de 1987 (RJ 1987, 7459) y 18 de septiembre de 1989 (RJ 1989, 6318) -o en la de 20 de febrero de 1997 (RJ 1997, 1005)-. En concreto, en la primera de las citadas se recuerda que las cualidades son aquellas que por su entidad hubieren sido determinantes de la prestación del consentimiento, "( SAP VALENCIA 806/2000 DE 28/09/00 AC 2000/2589)

El art. 73 Cc determina cuales son las causas de nulidad del matrimonio "sea cualquiera la forma de su celebración", siguiendo en parte los esquemas de la nulidad de los negocios patrimoniales, si bien el examen de las mismas ha de hacerse desde un prisma muy distinto, habida cuenta que el vinculo matrimonial es sustancialmente diferente del vinculo contractual, habiendo restringido la doctrina científica y jurisprudencial el concepto jurídico de inexistencia del matrimonio a los supuestos de identidad de sexo, falta absoluta de consentimiento y ausencia total de acto -forma exigible- (así STS 18-12-1981), siendo lo cierto que ésta materia debe ser interpretada con criterios rigoristas restrictivos ya que un sistema divorcista ( al contrario de lo que sucede en un sistema indisolubilista ), con una regulación generosa de sus causas, implica una regulación no extensiva de aquella, amén de unificadora de los efectos de ambas declaraciones de nulidad o disolución del vinculo, hasta el punto de que, incluso, algunas legislaciones de los países nórdicos han englobado la nulidad en las causas de divorcio (así Suecia, Finlandia y también los antiguos países comunistas).(SAP BADAJOZ 6/2005 DE 14/01/05 JUR 2005/42283)

Es criterio jurisprudencial consolidado, en cualquiera de las posibilidades que recoge el citado precepto, (art. 73 CC) y por el carácter excepcional de la institución examinada, al negarse validez "a posteriori» a un contrato matrimonial aparente, ha de actuarse con especial cautela respecto de los datos fácticos y elementos probatorios ofrecidos a la consideración judicial, de tal modo que sólo cuando conste de manera inequívoca la concurrencia de condicionantes susceptibles de integrarse en las referidas previsiones legales, puede proclamarse la radical solución sanadora propugnada, que entra en colisión con el principio del "favor matrimonia», bastante más atenuado, como se apuntó, en las figuras de la separación o el divorcio.( SAP CASTELLON 41/03 DE 24/02/03 JUR 2003/186896)
A) Solución jurisprudencial
Si no atenemos a lo que nuestra jurisprudencia (aunque sea menor, de audiencias provinciales, es la existente), no podemos sino llegar a la conclusión de que los motivos aducidos por doña Sara para solicitar la nulidad del matrimonio no pueden ser aceptados; procederemos a resumir dos sentencias de casos sustancialmente idénticos a este, que por su claridad es mejor reproducir textualmente
SAP Madrid de 10/03/1998, AC 1998/450
SEGUNDO.- Aduce la actora, hoy recurrente, conforme ya hizo en su escrito de demanda que concurren las circunstancias que el art. 73, núm. 4 del CC, previenen como causa de nulidad matrimonial, y que literalmente se recogen como el celebrado por error en la identidad de la persona del otro contrayente o en aquellas cualidades personales que, por su entidad, hubieren sido determinantes de la pactación del consentimiento.
La norma citada no refiere a cualquier cualidad individual, sino a aquellas esenciales que tuvieran tal relevancia que de no darse en el otro consorte hubieran determinado que no se celebrara el matrimonio. Llevado este criterio a las concretas circunstancias que en los autos concurren, debe entenderse, según las manifestaciones de la esposa, que si hubiera tenido conocimiento que don José Angel, no tenía las titulaciones que ella pensaba, por habérselo dicho así éste, no habría contraído matrimonio con él, o lo que es lo mismo, como incluso se ha llegado a decir en la alzada por su Letrado, que, doña Natividad deseaba contraer matrimonio con otra persona de conocimientos intelectuales similares a los suyos, y siendo ella titulada universitaria, sólo otro universitario podría colmar sus aspiraciones culturales.
Con independencia de la valoración que pueda darse a una titulación universitaria, que no siempre es garantía de una adecuada formación, lo cierto es que de acoger la pretensión de nulidad instada por la señora M., en base a sus argumentaciones, podría llegarse al absurdo, de que en un futuro sólo podría contraer nupcias con titulado universitario, bajo pena de nulidad de no poseer su consorte estos méritos.
El propio tenor del precepto citado, requiere de una valoración psicológica y aun sociológica de las causas aducidas, no todo error sobre las cualidades del otro contrayente, aunque hayan sido determinantes de la prestación del consentimiento matrimonial ha de producir la consecuencia jurídica pretendida, sino tan sólo el error en las cualidades personales que por su entidad hubieren determinado dicho consentimiento, lo que implica no una apreciación meramente subjetiva de dicha entidad, requiriéndose por el contrario una cierta importancia objetiva de tales cualidades, las que habrán de ser además configuradoras de la personalidad del contrayente; y por ello se evidencia que en tales supuestos no pueden integrarse las condiciones o circunstancias profesionales, del demandado, como tampoco lo serían las económicas.
SAP Alicante 582/2000 de 30/06/00 JUR 2000/284914
UNICO.-Contra la sentencia desestimatoria de su pretensión, se alza en recurso el demandante alegando el error del juzgador de instancia en la aplicación del artículo 73 n° 4 del Código Civil; toda vez que cuando contrajo matrimonio, le ocultó que estaba procesada por intrusismo, al haber ejercido la profesión de A.T.S., durante mas de diez años, careciendo de titulación académica; que se enteró por la prensa que carecía de título, siendo condenada por intrusismo.
El Código Civil en su artículo 73 n° 4 dispone que es nulo, cualquiera que sea la forma de la celebración del matrimonio cuando se hubiere celebrado por error en la identidad de la persona del otro contrayente o en aquellas cualidades personales que, por su entidad, hubieren sido determinantes de la prestación del consentimiento.
El Tribunal Supremo en su sentencia de fecha 11-07-1.987 tiene declarado, que el artículo 73 n° 4 del Código Civil, se refiere no a cualquier cualidad individual equivocada, sino a aquellas que por su entidad hubieren sido determinantes de la prestación del consentimiento, para lo que es preciso valorar los hechos y conductas de ambos cónyuges, antes de contraer matrimonio, sobre todo en el periodo de relaciones durante el noviazgo.
La sentencia del mismo Alto Tribunal de fecha 18-09-1989, perfila el alcance del artículo 73 n° 4 al decir que el típico error del negocio matrimonial es el que recae sobre las cualidades de la persona, que puede incluir anormalidades psíquicas que no impiden la emisión de un consentimiento válido.
La carencia del título de A.T.S., que impedía a los litigantes establecer y gestionar una residencia geriátrica y explotar el negocio que la misma pudiera constituir, no es motivo determinante, para la prestación del consentimiento matrimonial, pues la comunidad de vida, que se constituye con el matrimonio, es mas transcendente, que la explotación de un negocio. Este puede ser un proyecto económico dentro del matrimonio, pero que no deja de ser un elemento accidental, que en nada afecta al vinculo matrimonial, ni puede ser condición para la validez del matrimonio. La finalidad perseguida por los comparecientes podía obtenerse, acudiendo a cualquiera de las formas de contratos asociativos regulados en los artículos 1665 y siguientes del Código Civil y sin necesidad de contraer matrimonio, o con independencia del mismo al contraerlo.
En consecuencia procede desestimar el recurso de apelación, confirmando la sentencia de instancia, con expresa imposición de las costas al apelante.
B) Criterio contrario al jurisprudencial dominante

Sin embargo, a mi entender y a pesar de lo expuesto hasta ahora creo, que es perfectamente viable, que pueda haber un pronunciamiento favorable a doña Sara para llegar a esta conclusión contraria a la doctrina mayoritaria examinamos la cuestión desde otra óptica.

Tratándose de la celebración de matrimonio civil debe señalarse que el Código Civil determina en su artículo 73 las causas de nulidad del matrimonio, no existiendo en el sistema actual un número tasado de causas de nulidad que debe resultar de la interpretación conjunta de toda la normativa. Entre las causas de nulidad recogidas por el mencionado artículo 73 se halla el error en la persona, admitiéndose dos tipos, el que recae en la identidad del otro contrayente y el que lo hace sobre las cualidades que por su entidad hubieran determinado la prestación del consentimiento matrimonial. Este error deberá medirse con arreglo a criterios objetivos pero no menos importante es que habrá de valorarse e interpretar los hechos y las conductas de ambos contrayentes en el período previo a la celebración esto es, las relaciones previas al matrimonio (STS 11 de noviembre de 1987), siendo cierto que no siempre la situación matrimonial de cónyuge podrá dar lugar a la nulidad, también lo es que si el error se ha padecido con anterioridad de modo que las únicas cualidades que son tenidas en consideración son aquellas anteriores o coetáneas al mismo puede dar lugar a la nulidad del matrimonio por error, nunca las que se producen con posterioridad, que originarán, en su caso una causa de separación o divorcio. Naturalmente las cualidades personales en el otro cónyuge son las que deben valorarse con anterioridad al matrimonio que de inducir a error, dicho error es evidente confluirá en el momento de celebración del matrimonio padeciendo dicho matrimonio de error vicio que podrá dar lugar a la nulidad. (SAP Málaga 909/01 de 15/02/01 AC 2001/2573)

El art. 73.4 del Código Civil cita textualmente el error como motivo de nulidad, y la doctrina del error, como dice la STS 11 junio 1988 (RJ 1988, 4869), va ensanchando su campo con sus propias peculiaridades proporcionando soluciones prácticas y adecuadas a una serie de situaciones jurídicas límite introduciendo una función correctora de carácter sociológico y jurídico en aras del restablecimiento del derecho conculcado por el error, aunque se rebasen con ello los estrechos límites del marco establecido para el negocio jurídico de que se trate, doctrina aplicable por tanto el contrato matrimonial, por lo que no cabe duda alguna de que la norma en cuestión (art. 73) se refiere a cualquier cualidad que por su entidad hubiere sido determinante de la prestación del consentimiento (SAP TOLEDO 456/2001 DE 14/11/01 AC 2001/2509)
Es evidente que hoy en día la institución del matrimonio ha sufrido unas profundas transformaciones que nuestros tribunales han de tener en cuenta, cambiando, si es necesario, criterios que hasta ahora parecían incuestionables. El matrimonio ha perdido casi toda la rigidez que le caracterizaba, y con ello han caído como si de un castillo de naipes se tratara ideas antes fundamentales por configuradotas de esta institución, entre ellas todos conocemos los cambios más significativos, el matrimonio ya no es una unión entre hombre y mujer y la disolución ya no es causal, así las cosas, parece que cada día más el matrimonio se va pareciendo más un negocio patrimonial más y por ello las causas de nulidad del mismo han de parecerse cada vez más a las de las de invalidez de los contratos, perdiendo ese carácter restrictivo que nuestra jurisprudencia venía sistemáticamente aplicando.
Por otro lado, parece que observar que el requisito de ser o no médico se reduce a una cuestión puramente económica que en nada ha de influir en el consentimiento matrimonial, es buscar una solución simplista. El ser o no médico supone muchísimas más cosas, así a título de mero ejemplo puede suponer:
- Un estatus de vida del matrimonio
- Una adecuada educación de los hijos, colegios, universidad
- Un determinado nivel económico
- El que el cónyuge e hijos tengan un médico en casa a la hora de posibles enfermedades
- Un determinado nivel intelectual en la vida de la pareja
- Si no era médico pero estaba estudiando medicina su vida matrimonial sería la propia de un estudiante, muy distinta a la que podría ofrecerle un persona que ha terminado sus estudios y que tiene una perspectiva laboral y social diferente a la de un estudiante.
Es cierto que lo mencionado y otras más que se puedan pensarse puede que no supongan influencia alguna para determinadas personas, pero para otras puede ser decisivo a la hora de prestar su consentimiento. Hay personas que se casarían con una persona pobre, inculta, etc, pero hay otras que no lo harían porque esa no es la forma de vida que quieren compartir con su pareja. Don Gregorio dolosamente hizo ver a doña Sara, diciéndole que era médico, que esa sería su forma de vida, cuando la realidad era muy distinta, utilizó la ficción de que era médico como podía haber inventado cualquier otra artimaña para conseguir el resultado pretendido.
Parece evidente que para doña Sara el hecho de creer que don Gregorio era médico fue determinante para prestar el consentimiento matrimonial, en primer lugar hay una secuencia lógica en el relato de los hechos que induce a llegar a esta conclusión, pero es que además don Gregorio mintió para que doña Sara se casara con él, contrario sensu sino el mismo pensaba que si no mentía doña Sara no se casaría con él, es decir que el propio cónyuge sabía que esa circunstancia era determinante a la hora de prestar el consentimiento su prometida.. En cualquier caso la demandante habrá de probar para que prospere su acción:
Que el hecho de que don Gregorio fuera médico fue determinante para prestar su consentimiento y que de no haberlo sido no lo hubiese prestado. Es una cuestión de prueba pero que si finalmente se consigue probar se está cumpliendo con el requisito literal que impone el artículo 73.4 tantas veces citado.
C) Diferencias entre los procesos civiles y los canónicos y el reconocimiento de estos últimos en el ámbito civil.
De la lectura de los cánones que regulan la nulidad del matrimonio canónico equiparables al artículo 73.4 del CC, podría llegarse a la conclusión, porque además el matrimonio canónico es una institución inmensamente más rígida e indisoluble que el matrimonio civil, de que es mucho más fácil obtener la nulidad civil del matrimonio que obtener la nulidad canónica, sin embargo, nada más lejos de la realidad. Procederemos a hacer un pequeño estudio de los cánones la nulidad matrimonial canónica y su reconocimiento civil.
1.- Error sobre la cualidad de la persona.


a) Regla general. El error acerca de las cualidades de la persona no invalida el matrimonio (c. 1097).

Las apreciaciones subjetivas de los cónyuges y el juicio falso acerca de las cualidades no inciden sobre el consentimiento matrimonial.

La entrega y aceptación de los derechos y obligaciones conyugales van dirigidas a una persona determinada y no a sus cualidades personales.

b) Caso excepcional:

Error de cualidad pretendida principalmente. El c. 1097 establece: “el error acerca de una cualidad de la persona, aunque sea causa del contrato, no dirime el matrimonio, a no ser que se pretenda esta cualidad directa y principalmente”.

Requisitos:

a) Tiene que ser importante.

b) La causa por la que se elige esa cualidad tiene que ser razonable.

c) El error tiene que ser antecedente al consentimiento.

d) La conversión de la cualidad en objeto directo y principal del consentimiento ha de tener lugar mediante un acto positivo de la voluntad que mantiene sus efectos en el acto de la celebración.

e) No es necesario que se trate de una persona desconocida por quien incurre en el error y sólo conocida a través de esa cualidad.

f) Se ha de presuponer que el otro tiene la cualidad que el otro intenta.

2.- Error dolosamente causado.

El Código en el c. 1098 establece: “Quien contrae el matrimonio engañado por dolo provocado para obtener su consentimiento, acerca de la cualidad del otro contrayente, que por su naturaleza puede perturbar gravemente el consorcio de vida conyugal, contrae inválidamente.

Aunque son innegables las relaciones entre el dolo y el error, ambos vienen recogidos en preceptos distintos por diversas razones:

1. Es una razón de mera coherencia sistemática contemplar por una parte, los vicios del error y de la ignorancia, y por otra, el dolo y el miedo.

2. El dolo puede alegarse en aquellos casos en que por las características de la cualidad dolosamente ocultada genera ignorancia, no error.

3. El matrimonio contraído por dolo hace inválido el consentimiento no sólo cuando produce error sino en cuanto que es una actividad malévola de quién suscita el error.

En el Código Civil (art. 1269) se dice que “hay dolo cuando con palabras o maquinaciones insidiosas de parte de uno de los contratantes, es inducido el otro a celebrar un contrato, que sin ellas, no se hubiera hecho”.

Requisitos para que el dolo invalide el matrimonio:

a) Debe ser antecedente. La persona es impedida a contraer debido al engaño que padece de una cualidad.

b) Debe ser grave. Es decir, suscitado por las manipulaciones del otro contrayente o por persona interesada en la celebración del matrimonio.

c) Debe ser extrínseco. Por las manipulaciones del otro contrayente o por persona interesada en la celebración del matrimonio.

d) Debe de ser injusto. Quien lo practica lesiona el derecho de la parte decepcionada a conocer y conculcar el deber de quien lo ejerce a revelar una cualidad de tal importancia.

e) Debe ser directo. Es decir, ejercido expresamente para conseguir la celebración del matrimonio.

Sin embargo a pesar de lo explicado hasta hora la realidad es que existen infinidad de sentencias basadas en vicios del consentimiento como el error en las cualidades personales del otro contrayente que adquieren eficacia civil (algunas idénticas al caso planteado por doña Sara), mientras que las sentencias en el orden civil favorables a la nulidad por motivos parecidos o no existen o son escasas; es más, de todas las sentencias canónicas en que alguna de las partes ha solicitado la eficacia civil sólo he encontrado seis casos en que se han negado los efectos civiles solicitados.

Aunque éste no sea la finalidad del trabajo parece necesario apuntar unas cuantas notas respecto a la posibilidad de que las sentencias de nulidad matrimonial canónica tengan efectos civiles:

Para resolver la cuestión relativa al reconocimiento de eficacia civil de las sentencias canónicas de nulidad matrimonial ha de partirse de la base incuestionable de la aconfesionalidad del Estado Español, principio establecido en el artículo 16.2 de la Constitución Española y que es coherente con el contenido del art. 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de la O.N.U. de 10 de diciembre de 1948, en el que se proclama la libertad religiosa de una manera absoluta. En cualquier caso, el hecho de que el Estado reconozca a la Iglesia Católica las atribuciones propias de una jurisdicción en materia matrimonial, como se establece en el Acuerdo con la Santa Sede sobre asuntos jurídicos de 3 de enero de 1979, no supone el reconocimiento automático e incuestionable de la eficacia en el orden civil de las resoluciones dictadas por los Tribunales eclesiásticos sobre nulidad del matrimonio canónico, pues para esto será preciso, sin excepción alguna, que dicha resolución canónica sea conforme a las condiciones impuestas por el art. 954 de la Ley de Enjuiciamiento Civil

Esto es, la cooperación del Estado con la Iglesia Católica no implica automatismo en el reconocimiento de las resoluciones dictadas por los Tribunales Eclesiásticos, tal como ha señalado el Tribunal Constitucional en su sentencia 66/1982, de 12 de diciembre , y así el art. 80 del Código Civil, siguiendo en este punto lo dispuesto en el art. 6.2 del ya citado Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre asuntos jurídicos de 3 enero 1979, subordina el reconocimiento de eficacia en el orden civil de las resoluciones dictadas por los Tribunales Eclesiásticos sobre nulidad de matrimonio canónico o de las decisiones pontificias sobre matrimonio rato y no consumado, a la declaración de que son ajustadas al Derecho del Estado efectuada por el Juez civil competente conforme a las condiciones a las que se refiere el art. 954 LECiv. Esto supone que la función del Juez civil no se reduce al mero automatismo en la concesión de tales efectos, el cual estaría «reñido con la plenitud y exclusividad de que gozan los Jueces y Tribunales en el ejercicio de su potestad jurisdiccional», según ha señalado el Tribunal Constitucional en su sentencia de 22-12-1988 , sino que se trata de una función de constatación o control de que en la resolución eclesiástica se dan los presupuestos formales o procesales exigidos por el art. 954 LECiv (firmeza y ejecutoriedad de la resolución además de autenticidad de la ejecutoria, que ésta haya sido dictada a consecuencia de una acción personal y no lo haya sido en rebeldía) y los requisitos de orden material, vinculados a la licitud de la obligación para cuyo cumplimiento se procede, lo que excluye toda posible contradicción de aquella resolución con el orden público español. En consecuencia, la declaración de que la resolución canónica resulta ajustada al Derecho del Estado no supone que los Jueces y Tribunales del orden jurisdiccional civil deban realizar un control de derecho material o sustantivo constatando la existencia de paralelismo entre la causa o causas de nulidad matrimonial invocadas en el previo proceso canónico y previstas en el Derecho Canónico con las establecidas en el CC , sino únicamente la comprobación de que aquella resolución no contradice el orden público del Derecho Civil español, de manera que no se vea perjudicado o alterado el sistema de libertades públicas y derechos fundamentales garantizados por el ordenamiento español, y, en particular, las pautas básicas rectoras del matrimonio de acuerdo con los principios jurídicos de este ordenamiento (sentencias de Tribunal Supremo de 31-12-1982 , y 8-3-2001, entre otras muchas). Por orden público ha de entenderse, consecuentemente, el conjunto de principios jurídicos, públicos y privados, políticos y económicos que informan el ordenamiento jurídico interno del Estado, con especial relevancia de las garantías constitucionales de tutela judicial efectiva, audiencia y defensa establecidas en el art. 24 de la Constitución Española.

De todo ello se deducen una serie de consecuencias que podríamos sintetizar en que :

1.- Que no existe automatismo en la declaración de efectos civiles de las sentencias de nulidad de los matrimonios canónicos.

2.- Que es el Juez el que ha de resolver la adecuación o no de los efectos civiles en atención al cumplimiento o no de los requisitos formales y materiales exigidos por la ley.

3.- Que para que este tipo de sentencias tengan efectos civiles no ha de existir un paralelismo exacto entre la causa o causas de nulidad matrimonial invocadas en el previo proceso canónico y previstas en el Derecho Canónico con las establecidas en el derecho civil, sino que bastará únicamente que se compruebe que la sentencia canónica no contradice el orden público del Derecho Civil español, de manera que no se vea perjudicado o alterado el sistema de libertades públicas y derechos fundamentales garantizados por el ordenamiento español, aunque esto tampoco es absoluto, porque los Tribunales vienen a establecer como condición una adecuación, aunque vista de una manera bastante extensiva, es decir, un paralelismo de las causas de nulidad invocadas en los procesos canónicos con las que figuran en el artículo 73 y concordantes del Código Civil.


En general, de la lectura de las sentencias relacionadas en este trabajo y las sentencias canónicas de nulidad matrimonial que también se han leído para poder elaborarlo, se desprende con claridad que las exigencias respecto a la ausencia de voluntad y al error en la identidad y cualidades en la persona son mucho mayores en el ámbito civil que en el canónico, motivado con toda seguridad por diversas causas:

- El estricto cumplimento del principio de legalidad del derecho civil, cuando en Derecho canónico impera el juego de la dispensa, prohibido en el ámbito del Estado, por suponer lo que técnicamente se llama derogabilidad de reglamentos y leyes, prescrita por nuestra Constitución.

- La imperativa observancia del principio de igualdad de nuestro derecho privado, por imperativo constitucional, en contraposición con los privilegios y dispensas que se pueden observar en el derecho canónico.

- Las consecuencias patrimoniales que tan distintas son entre uno y otro Derecho.

- La existencia de la figura del divorcio totalmente negada en el Derecho Canónico porque atenta contra una de las propiedades esenciales del matrimonio como es la indisolubilidad.
Por tanto, como conclusión, podríamos decir que doña Sara casi con absoluta certeza va a obtener un pronunciamiento del Juez contrario a sus pretensiones, sin embargo si se hubiese casado bajo forma canónica y hubiese planteado la solicitud de nulidad ante el Tribunal de la Rota, le hubiera sido posible obtener la pretendida nulidad y luego con posterioridad solicitar su eficacia civil, que hubiera sido obtenida casi con toda seguridad.

Juan Dimas Sesto Tejedor

2008-01-09 23:52 | Categoría: | 0 Comentarios | Enlace

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