Bitácora de la asignatura Derecho Civil

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Primera Práctica Virtual 08-09. Grupo de Tarde

SUPUESTO DE HECHO

La demandada señora Jacinta R. P. es persona adecuadamente orientada que no sufre ni ha sufrido patología psiquiátrica de naturaleza psicótica, pero si es ostensible su “debilidad mental”, siendo persona extremadamente sugestionable y crédula, teniendo un conocimiento muy imperfecto de su propia personalidad y de la de los demás, enfermedad permanente e irreversible que incide directamente sobre su capacidad intelectiva y volitiva para el adecuado gobierno de sus bienes. Antonio R.P. demanda su incapacitación.

CUESTIONES QUE SE PLANTEAN

·        ¿Qué debe decidir la autoridad judicial?

RESOLUCIÓN JURÍDICA

Para dar resolución a esta cuestión debemos tener en cuenta el artículo 200 del Código Civil, en el que se nos exponen las causas de incapacitación. Por lo tanto y, a la vista de este artículo, se deben de cumplir tres requisitos para que se le declare a una persona incapacitada:

1.      Que exista una enfermedad o deficiencia de carácter físico o psíquico

2.      Que sea persistente

3.      Que impida a la persona gobernarse por sí misma.

En cuanto al primer requisito, debemos partir del concepto de lo que se entiende por “enfermedad o deficiencia”, el cual, viene siendo recogido por la jurisprudencia en la Sentencia del Tribunal Supremo de 31 de diciembre de 1991: “Son aquellos estados en los que se da un impedimento físico, mental o psíquico, permanencial y a veces progresivo, que merma la personalidad, la deteriora y la amortigua, con efectos en la capacidad volitiva y de decisión, incidiendo en su conducta al manifestarse como inhabilitante para el ejercicio de los derechos civiles y demás consecuentes”.

Como remisión a lo dispuesto anteriormente, debemos también tener en cuenta otras sentencias, como son: las Sentencias del Tribunal Supremo de 31 de octubre de 1994, 19 de febrero de 1996, 28 de julio de 1998 y 20 de mayo de 1999.

La deficiencia es pues un deterioro o impedimento físico o psíquico de carácter previsiblemente estable.

En este caso concreto, la demandada señora Jacinta R.P. debe quedar incardinada en esta situación, pues, aún siendo persona adecuadamente orientada que no sufre ni ha sufrido patología psiquiátrica de naturaleza psicótica, en cambio, sí es ostensible su “debilidad mental”, siendo una persona extremadamente sugestionable y crédula, teniendo un conocimiento muy imperfecto de su propia personalidad y de la de los demás, enfermedad permanente e irreversible que incide directamente sobre su capacidad intelectiva y volitiva para el adecuado gobierno de sus bienes.  

En cuanto a la persistencia (segundo requisito), la interpretación que le ha dado la doctrina y la jurisprudencia, nos lleva a las siguientes conclusiones:

1.   La enfermedad o deficiencia ha de ser de duradera, es decir, debe prolongarse en el tiempo, durante un periodo con entidad suficiente para justificar la adopción de medidas tan graves como la incapacitación de una persona y su sometimiento a institución de guarda, sin que pueda preverse la época en que cesarán los caracteres patológicos de aquel trastorno.

2.   Lo persistente debe ser la enfermedad, no los síntomas o consecuencias de la misma. El incapacitado, debe tenerse en cuenta que es un enfermo en todo momento, no sólo cuando se producen los periodos críticos de su enfermedad. Esto es lo que establece la jurisprudencia en varias sentencias (Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de mayo de 1994, que sigue el criterio establecido por la Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de febrero de 1986).

3.   El concepto no exige, desde luego, que se trate de enfermedades o deficiencias incurables, como lo demuestra que en el artículo 761 LEC (Ley de Enjuiciamiento Civil) se contemple una evolución de la enfermedad que permita una modificación de la sentencia de incapacitación y la recuperación de la capacidad. Lo que se pretende es excluir del ámbito del artículo 200 CC, como causas de incapacitación, las situaciones transitorias de trastorno mental, o de pérdida de la capacidad de autogobierno (borracheras, pérdidas de conciencia transitorias, situaciones postoperatorias…).

Por último, el Tribunal Supremo ha declarado que la “persistencia” de la enfermedad es su permanencia en el tiempo, con independencia en su consecuencia de su mayor o menor intensidad periódica. Por eso, en Sentencia de 10 de febrero de 1986 ha declarado que las enfermedades mentales crónicas y de carácter cíclico pueden tener el carácter de persistente a que se refiere el artículo 200 CC, sin que para ello sea obstáculo que la situación de incapacidad no sea constante o permanente, sino esporádica, cuando las fases cíclicas o críticas de la enfermedad se produzcan, “ya que lo que el referido precepto está considerando es únicamente la existencia de enfermedad o deficiencia de carácter físico o psíquico que impida a la persona gobernarse por sí misma, y no la fase temporal en que esta consecuencia de no posibilidad de gobierno de carácter personal se produzca”. Lo que sí que deberá valorarse entonces es la frecuencia e intensidad de las crisis agudas de la enfermedad para determinar la incapacitación. Además, habida cuenta de que el artículo 210 CC (ahora 760 LEC) permitía a la sentencia graduar la incapacitación en función del grado de autogobierno personal, el Tribunal Supremo indica que la circunstancia de ser la enfermedad cíclica se ha de considerar en el momento de determinar la extensión y límites de la incapacitación, así como el régimen de guarda a que haya de quedar sometido el incapacitado.

En este caso concreto, la demandada señora Jacinta R.P. sufre (a la vista de lo dispuesto en el supuesto) una enfermedad de carácter permanente e irreversible que incide directamente sobre su capacidad, tanto intelectiva como volitiva. Por lo tanto, nos encontramos, hasta lo ahora estudiado, que la señora Jacinta padece una enfermedad o deficiencia de carácter psíquico y, la cual, es persistente. 

En cuanto al último requisito (que impida a la persona gobernarse por sí misma), frente a cualquier pretensión de incapacitación, lo que el juez debe valorar es la incidencia que la enfermedad o deficiencia física o mental persistente ejerza en el autogobierno de la persona. Sólo cuando esta incidencia se produzca y en un grado estimable, la incapacitación será procedente.

Así por ejemplo, la Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de julio de 1998, declara improcedente la incapacitación a pesar de incurrir en la demandada una enfermedad persistente e irreversible, pues ésta es controlable terapéuticamente y actualmente no le impide el autogobierno.

Tanto para la doctrina como para la jurisprudencia (Sentencia de la Audiencia Provincial de Cantabria de 11 de enero de 1994 y Sentencia de la Audiencia Provincial de Valladolid de 1994) “gobernarse por sí mismo” es un término de gran amplitud, dentro del cual se comprende, tanto el aspecto personal como el patrimonial.

Así Diez-Picazo habla no de que el gobierno de la propia persona no sea posible sino de que “dejada la persona a merced de sus propias fuerzas e impulsos, pueda llevar a cabo una actividad socialmente valorada como inconveniente o perjudicial para ella misma, y por eso el propio gobierno implica, tanto la adopción de decisiones, como la realización de actos concernientes tanto a la esfera jurídica, como al plano estricto de la propia personalidad”.

Ahora bien, para saber si una persona puede o no gobernarse por ella misma, es necesario investigar cuál es el círculo de negocios o asuntos que deben ser atendidos por ella, ya que este círculo puede ser muy distinto según la posición social del presunto incapaz. De aquí se sigue algo muy importante: el mismo trastorno mental hará en un caso necesaria la incapacitación y en otro no.

Esto significa que en cada caso hay que considerar las posibles relaciones del individuo y el círculo en el cuál se mueve, de tal manera que “la imposibilidad de gobernarse por sí mismo” implicará una falta de idoneidad para administrar sus propios intereses, y ello ya por sí mismo, ya valiéndose del concurso de otros, pero bajo su propia dirección.

El término impedir, no debe apreciarse, por lo tanto, en un sentido absoluto. Basta que la enfermedad o deficiencia implique una restricción sustancial del autogobierno de la persona a la que respectivamente afecten.

En este caso concreto, la enfermedad de la señora Jacinta R.P. como queda demostrado afecta a su capacidad intelectiva y volitiva para el adecuado gobierno de sus bienes, es decir, al plano patrimonial y no al aspecto personal.

Por último y, ante esta situación (el hecho de que su enfermedad sólo afecta al plano patrimonial y no al personal), la autoridad judicial debería tener en cuenta para la resolución de la cuestión suscitada, la figura de la curatela, por la cual, se reconoce a la persona afectada la capacidad indispensable para manifestar su propia voluntad, pero exigiendo para su validez, además, que vaya acompañada por la del curador nombrado al efecto, de manera que éste, bajo la salvaguarda de la autoridad judicial, venga a “complementar” la voluntad de la persona declarada incapaz, pero sin sustituirla, siendo evidente que en la situación actual cualquier acto de discernimiento o de disposición patrimonial que realice la declarada incapaz, en su propio interés y beneficio patrimonial, habrá de exigir para su validez y eficacia ser complementado por la voluntad del curador.

 

En cuanto a esta figura, debemos tener en cuenta los artículos establecidos en el Código Civil que hacen referencia a la misma: artículos 287, 289 y 290 del Código Civil, respectivamente.

 

Estos artículos nos disponen lo siguiente:

 

“Igualmente procede la curatela para las personas a quienes la sentencia de incapacitación o, en su caso, la resolución judicial que la modifique coloquen bajo esta forma de protección en atención a su grado de discernimiento”.

 

“La curatela de los incapacitados tendrá por objeto la asistencia del curador para aquellos actos que expresamente imponga la sentencia que la haya establecido”.

 

“Si la sentencia de incapacitación no hubiese especificado los actos en que deba ser necesaria la intervención del curador, se entenderá que ésta se extiende a los mismos actos en que los tutores necesitan, según este código, autorización judicial”.

 

CONCLUSIONES

 

1.      La demandada señora Jacinta R.P. padece una enfermedad o deficiencia psíquica, de carácter permanente y que le impide a la misma gobernarse por sí misma en el plano patrimonial, a la vista de lo previsto, tanto en la legislación como en la jurisprudencia anteriormente citada.

2.      A la vista de esta situación, se debería requerir (desde mi punto de vista), por la autoridad judicial la intervención de la figura de la curatela, según la cual, se reconoce a la persona afectada la capacidad indispensable para manifestar su propia voluntad, pero exigiendo para su validez, además, que vaya acompañada por la del curador nombrado al efecto, de manera que éste, bajo la salvaguarda de la autoridad judicial, venga a “complementar” la voluntad de la persona declarada incapaz, pero sin sustituirla, siendo evidente que en la situación actual cualquier acto de discernimiento o de disposición patrimonial que realice la declarada incapaz, en su propio interés y beneficio patrimonial, habrá de exigir para su validez y eficacia ser complementado por la voluntad del curador.

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA

 

·        Curso de Derecho Civil I: Derecho Privado, derecho de la persona. De Pablo Contreras, Carlos Martínez de Aguirre Aldaz, Miguel Ángel Pérez Álvarez y María Ángeles Parra Lucán. 3ª edición, 2008. Editorial Colex.

·         El proceso de incapacitación por enfermedades o deficiencias físicas o psíquicas. Análisis del procedimiento actual y del previsto en la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil. Paloma García-Lubén Barthe. Editorial Colex.

·        Los procesos sobre la capacidad de las personas. Sonia Calaza López. Editorial Iustel.

 

AUTORA

María Lourdes Acuña Ledesma

2009-04-12 19:48 | Categoría: | 2 Comentarios | Enlace

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Comentarios

1
De: Eva Maria Morente Fecha: 2009-09-28 18:41

No si es la persona indicada para pedirle una consulta pero viendo su articulo necesito informacion sobre donde debo acudir y que pasos tomar para poder dar a una persona incapacidad mental , es un tema muy delicado y no quisiera excederme.
Atentamente
Eva



2
De: Luis Javier Capote Pérez Fecha: 2009-10-05 00:47

Estimada Eva:

Le sugiero que ponga el asunto en manos de los servicios sociales de su municipio y ponga la situación en conocimiento de los mismos. Si desea un enfoque más personal, ya mi recomendación es que vaya a un Abogado y lo ponga en sus manos. Un saludo.



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